El video del exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, el polémico sacerdote cercano a sectores de izquierda, en el que habla abiertamente de compra de votos en esa ciudad, podría ser apenas el hilo de una madeja de posible corrupción que habría favorecido presuntamente al candidato Iván Cepeda Castro, quien de todos modos terminó derrotado en las urnas por Abelardo de la Espriella.
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En el video, que ya es viral en redes sociales, Hoyos da pistas, más bien directas, sobre la manera en que habría operado la maquinaria política en Barranquilla y otras regiones del país
“Siempre aquí le hemos pagado, por eso yo me he reído de los malditos politiqueros que en nombre de la izquierda vienen a joder a la gente”, dice. Luego va más allá: “Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro”.
El video con sus declaraciones se conoce dos semanas después de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, una jornada en la que autoridades electorales recibieron múltiples denuncias por presunta compra de votos y constreñimiento al elector en distintas zonas del país.
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Una fuente que conoció de cerca algunos de esos movimientos le contó a El Colombiano que detrás de la operación habría funcionado un mecanismo de control electoral diseñado para asegurar que quienes recibían beneficios cumplieran con el compromiso adquirido.
El esquema, según esa versión bajo reserva, comenzaba incluso antes de que el ciudadano llegara a votar. Operadores políticos, conocidos popularmente como “mochileros”, habrían sido los encargados de reclutar votantes, coordinar su movilización y direccionarlos hacia determinados puestos electorales.
La fuente asegura que, una vez la persona ejercía el voto, debía salir del puesto y caminar hasta comandos políticos ubicados a pocos metros, donde entregaba el certificado electoral. En este caso, precisó que se trataba de una sede de campaña del entonces candidato Iván Cepeda. Allí, los votantes entregaban su certificado para demostrar que habían cumplido su parte del trato.
Es decir, quien recibía ayudas o dinero antes de la jornada debía demostrar que efectivamente acudió a votar. El certificado servía para cerrar el círculo.
Por eso, según la fuente, se trató de un mecanismo de “control social” que permitía a las estructuras políticas verificar la movilización de sus votantes y mantener la trazabilidad de quienes hacían parte del esquema.
A cambio, los ciudadanos habrían recibido distintos beneficios. Este diario conoció que en sectores de Barranquilla se habría entregado sopa y pastel, mientras que en otros puntos el incentivo habría llegado hasta los 50.000 pesos por persona.
Según esa misma versión, el modelo habría sido replicado en otras regiones del país bajo una estructura más amplia de operación política, con participación de clanes tradicionales y figuras cercanas al oficialismo.
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En esa red, habrían tenido influencia estructuras políticas como los Torres, los Pulgar y el grupo de Armando Benedetti. Esta información ya la había denunciado el entonces candidato Abelardo de la Espriella.
